miércoles, 24 de Abril de 2019

¿Quién debe investigar el asesinato de Sergio Rojas?

Domingo, 07 Abril 2019 19:49

Nuestra posición es clara en el sentido de que debe ser una Comisión Independiente de Investigación, conformada por las comunidades indígenas, sindicatos, partidos de izquierda, etc quienes lleven adelante la investigación y le exigimos al Estado que entregue todos los documentos necesarios para que esta Comisión Independiente pueda trabajar.

El asesinato de Sergio Rojas ha generado una gran indignación en el país. Es muy importante que la izquierda revolucionaria establezca una posición política clara en torno a este asesinato, para que los culpables políticos, intelectuales y materiales sean enjuiciados y de esa manera evitar lo que ya ha sucedido con los Mártires de Codo del Diablo, Viviana Gallardo, Parmenio Medina, David Maradiaga y Jairo Mora, entre otros asesinatos políticos que han quedado sin respuesta.

 

 

Nuestra posición es clara en el sentido de que debe ser una Comisión Independiente de Investigación, conformada por las comunidades indígenas, sindicatos, partidos de izquierda, etc quienes lleven adelante la investigación y le exigimos al Estado que entregue todos los documentos necesarios para que esta Comisión Independiente pueda trabajar.

No creemos que sea el Estado de Costa Rica el que deba investigar este asesinato político ya que el Estado ha jugado un rol activo de creación y mantenimiento de prácticas y discursos racistas y coloniales que criminalizan a los pueblos indígenas y que por lo tanto no merecen confianza alguna en el caso de Sergio Rojas. Procuramos en este texto explicar los motivos. La prensa burguesa, como La Nación, han creado el complemente ideológico que ha encubierto las prácticas del Estado.

Para la burguesía representada por Carlos Alvarado y La Nación, algún tipo de solución al asesinato del líder indígena es necesaria pues de otra manera todo su relato de Costa Rica, basado en una ideología pacifista y democrática se pone en tela de juicio. Es decir, este asesinato aclara que Costa Rica no es excepcionalmente pacífica ni democrática ni sus instituciones son independientes entre sí.

La Nación ha editorializado que “es necesario esclarecer el crimen más allá de cualquier duda porque la demostración de las bien fundadas sospechas [la disputa de tierras como móvil del asesinato. OS] añadirá sentido de urgencia a la solución de un problema demasiado dilatado”.

Carlos Alvarado, presidente del país, en el mismo sentido señaló: “Condenamos y repudiamos el asesinato del líder indígena Sergio Rojas. Este es un día trágico para el pueblo bribri, nuestros pueblos indígenas y para todo Costa Rica. Hacemos un llamado al diálogo y la paz. Damos todo el apoyo del Ministerio de Seguridad Público (MSP) al Organismo de Investigaciones Judiciales (OIJ) para dar con los responsables y esclarecer este lamentable hecho que llena de luto al país”.

Ambos, Carlos Alvarado y La Nación, pretenden que sea este Estado el que investigue el asesinato, pues de esa manera ellos mismos se libran de las responsabilidades políticas claras que tienen sobre este asesinato así como la violencia racista y colonial del país en general. En lo que sigue procuramos esclarecer en qué sentido tanto Carlos Alvarado como La Nación son responsables del asesinato de Sergio Rojas y por eso mismo se demuestra que su posición de que sea este Estado el que investigue es sólo una política diseñada para disipar la atención sobre el caso.

 

El relato de La Nación

La Nación se apura a señalar que “existen oportunistas empeñados en sacar provecho de la turbulencia” respecto del asesinato de Sergio Rojas.

Lamentamos disentir con La Nación. Acá no hay “turbulencia”. Acá hubo el asesinato de un líder social, que durante años se había convertido en referente de las comunidades indígenas del país en su lucha por recuperar las tierras que desde hace siglos les han sido arrancadas a través de los métodos más violentos de que se tenga memoria en esta región, tanto durante la colonia como después. Acá no hay “turbulencia” sino un asesinato político, igual que en el caso de Berta Cáceres en Honduras y Marielle Franco en Brasil.

La hipocresía de La Nación no conoce límites. Según la misma Nación, en artículo del 8 de julio del 2014, el 3 de enero del 2013 hubo un conflicto entre “indígenas y finqueros” al punto que a un “indígena marcaron su piel como se hace con el ganado, según informes de la Policía”.

En artículo del 9 de julio del 2014 La Nación ya había establecido que “los finqueros”, esto es, los invasores de tierras indígenas, “lograron mantener en pie de lucha a unas 150 personas”. Y toma nota de Álvaro Solís, que dijo “Aquí todos somos amigos de los indígenas. Ellos trabajan como peones en algunas fincas, organizamos fiestas con todos los chiquitos. Aquí no hacemos diferencias ni maltratamos a nadie”. Pero, contradictoriamente, en la misma nota Eduel Díaz dice “Nosotros nos vamos siempre y cuando nos indemnicen. Es muy bonito [sic] que somos los que pagamos impuestos al Estado y que ahora nos quieran venir a sacar de las tierras. Hay un grupito pequeño de indígenas que son los que quieren invadir tierras”.

En otro artículo sobre Salitre, del 4 de marzo del 2015, referido a la erradicación de matas de marihuana en la región, La Nación se deja decir lo siguiente: “Esas montañas son de uso constante por organizaciones que a menudo aprovechan a los indígenas para el cuido y el abono de matas. Por ser nativos, conocen bien la zona y se escabullen por trillos cuando la Policía llega” y también “en otras ocasiones los mismos indígenas son los que siembran para sacar la droga en sacos que venden a 200 000 colones”.

El 7 de noviembre del 2014, La Nación, en un tono amarillista y racista, tituló: “Líder indígena cae por desviar aportes estatales”. No podemos olvidar que para La Nación quien “cayó” fue el propio Sergio Rojas, a quien el Estado mantuvo en prisión durante cerca de 7 meses sin acusación alguna y a quien finalmente dejaron libre.

Como se puede ver en las citas, La Nación ha construido un relato en que los indígenas son “buenos” si se dedican a ser peones de los finqueros de Salitre, pero de otra manera son narcotraficantes, hacen peculado o son un pequeño grupo de invasores de tierra. Una colección de lugares comunes de racismo centenario.

Como excepción que confirma la regla del relato que hace La Nación, se cita a Mariana Delgado: “A mi hijo Minor, de 22 años, lo marcaron como ganado en el pecho, con una pieza de hierro caliente. Nos lanzaron piedras y nos balearon. Estas tierras nos pertenecen, pero para esta gente somos perros, animales, tontos… nos llaman muertos de hambre”.

El artículo tiene fecha del 15 de junio del 2014 y por supuesto estas agresiones no son tomadas en cuenta en el Editorial sobre el asesinato de Sergio Rojas antes citado, que reconstruye los hechos sin tomar en cuenta el rol que el propio periódico ha jugado contando un relato de las poblaciones indígenas en el sentido racista descrito arriba. Es decir La Nación intenta lavarse las manos ante el hecho de han sido parte integrante de los agentes que han influido en el asesinato de Sergio Rojas a través de difundir de manera masiva desde hace años (sino décadas) invenciones y mentiras sobre las poblaciones indígenas.

 

El racismo estatal y los gobiernos del PAC

Desde el punto de vista de los gobiernos del PAC encontramos posiciones que, ahora vistas, resultan auténticas provocaciones. La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares el 30 de abril de 2015 en favor de los indígenas de los etnias Bröran y Bribri que habitan en las comunidades de Térraba y Salitre, respectivamente, y ordenó al Gobierno acciones para garantizar el respeto a su vida e integridad.

Sin embargo fue hasta el 27 de enero del 2017 que el gobierno de Luis Guillermos Solís anunció un acuerdo con las comunidades indígenas. En esa ocasión se señaló que "El Gobierno reitera el compromiso de dar cumplimiento efectivo a la medida cautelar establecida por la CIDH, pero, sobre todo, de continuar en un proceso constructivo de diálogo y respeto de los derechos de los pueblos indígenas en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y del Estado de Derecho costarricense". Es claro que nada de esto sirvió para nada en Salitre, donde la violencia de los blancos expropiadores se ha mantenido constante, así como la respuesta de los indígenas, de tal manera que los llamados al diálogo y al respeto abstracto de los derechos humanos han sido palabras usadas para engañar a los indígenas y a todo el proletariado del país, mientras se logra que el tiempo transcurra a favor de los blancos invasores.

También tenemos la posición de la ex-viceministra de Asuntos Políticos Ana Gabriel Zúñiga Aponte, que se dejó decir: “si pensamos rendirnos a lo que ustedes plantean, de que están dispuestos a dar la vida, para nosotros sería facilísimo porque nada más llamamos a la policía y que levanten los cadáveres y ya”, en enero del 2015. Zuñiga Aponte ha dicho que la frase es sacada de contexto. Sin embargo la muerte de Sergio Rojas, así como la existencia de todo tipo de provocaciones racistas a las poblaciones indígenas le dan a las posiciones de la ex-viceministra un tono absolutamente insensible y racista, ejemplo de la actitud del PAC respecto de los conflictos en Salitre.

Es indiscutible que también desde este punto de vista, la desidia y el racismo estructural del Estado se ve ejemplificada en las posiciones de los gobernantes del PAC, que solo han utilizado las palabras “repudio”, “paz” y “diálogo” para engañar a las poblaciones indígenas y a las masas oprimidas y explotadas del país. Es un intento de dar una apariencia del Estado como independiente y democrático. El Estado ha sido exactamente lo contrario y esto es especialmente claro en la historia de colonización del país, donde el Estado creado para y por los propietarios privados siempre ha “defendido” formalmente a los indígenas de las agresiones de los colonizadores.

 

La historia del racismo contra indígenas en Costa Rica

Para demostrar el racismo estructural del Estado y para no caer en el relato que nos presenta La Nación o el Gobierno, es necesaria una revisión histórica del modo en que se expropió y aniquiló a la población indígena y las implicaciones que eso ha tenido.

El profesor Juan Carlos Solórzano Fonseca cuenta con una obra prolífica respecto de la historia de las poblaciones indígenas en Costa Rica y por ello vale la pena mencionar algunos elementos de un texto suyo llamado Conquista, Colonización y Resistencia Indígena en Costa Rica, más específicamente de las Conclusiones del artículo, que son particularmente claras.

Sobra decir que no nos colocamos ante este texto como académicos profesionales sino como militantes socialistas, que militamos por la socialización de los medios de producción y de distribución capitalistas, así como por la búsqueda de justicia para todos los mártires de la lucha de clases. En ese sentido también aclaramos que para efectos del presente texto hacemos omisión del rol que las potencias capitalistas tuvieron y han tenido en el proceso de colonización y semicolonización que ha terminado por conformar el Estado de Costa Rica. Para decirlo más claramente, asumimos que desde siempre la burguesía costarricense ha sido un socio menor de las potencias extranjeras en la explotación de las poblaciones indígenas en primer lugar y de la clase proletaria desde hace más de un siglo.

Dice Solórzano:

El arribo de los españoles al territorio de Costa Rica significó un gran impacto para las poblaciones autóctonas; para muchos grupos indígenas fue el fin de su mundo, el exterminio. Para otros fue el inicio de una larga lucha de resistencia para tratar de conservar sus modos de vida; finalmente, los que se integraron a la sociedad colonial, tuvieron que buscar su reacomodo como grupo marginado y explotado.”

La Conquista, dio lugar al reino de la violencia y la explotación para los nativos. A finales del siglo XVI, los españoles dominaban el Valle Central al interior del país y la región del Pacífico Norte. En la península y el Golfo de Nicoya la imposición de la esclavitud a los indígenas, condujo a la casi total desaparición de las poblaciones locales. En el interior del país, el establecimiento de las encomiendas personales condujo a la sobre explotación de los indígenas y en consecuencias a su fuerte descenso demográfico.”

En el Valle Central la expansión del ecúmene hispánico sobre los antiguos espacios indígenas tuvo dos etapas: en el siglo XVII fue la sobreexplotación de la mano de obra aborigen (sic) en las tierras que se habían apropiado los españoles. Durante el siglo XVIII, las poblaciones de Barva, Pacaca, Aserrí, Curridabat, Tres Ríos, San Juan Herrera de los Laboríos, Quircot, Cot, Tobosi, Ujarrás y Orosí, tuvieron que hacer frente a otra amenaza más grave para ellos, que terminaría por marginalizarlos culturalmente: el desarrollo de una población campesina no indígena. A mediados del siglo XVII, los habitantes de los mencionados pueblos de indios, representaban apenas 1/5 parte en relación a una mayoría de campesinos mestizos, mulatos y criollos. Con altos índices de natalidad, estos campesinos colonizaron tierras con bosques o sin cultivar, pero también fueron penetrando en las tierras comunales de los indígenas.”

La colonización del Oeste del Valle Central y la ocupación campesina de tierras indígenas se mantuvo en forma ascendente hasta finales del periodo colonial, culminando con la expropiación de las tierras comunales indígenas, a mediados del siglo XIX.”

En los territorios de Talamanca, el Pacífico Sur y las Llanuras del Norte, la dominación española no pudo establecerse permanentemente. No obstante, las poblaciones indígenas sufrieron el asedio más o menos regular del núcleo hispánico de la ciudad de Cartago.”

En la región de Talamanca, dos rebeliones fueron fundamentales para mantener el territorio al margen del control hispánico: la de 1610 que acabó con el intento por fundar un centro de explotación agrícola, y la de 1709 que puso fin al avance misional franciscano y al empleo de mano de obra indígena de Talamanca en las haciendas cacaoteras de Matina.”

Desde nuestro punto de vista, esta es la historia de la acumulación originaria de la burguesía costarricense. Si la aniquilación de los indígenas fue condición de la acumulación originaria de capital en el mundo, pues también lo fue en específico para nuestra burguesía regional. Este proceso se puede estudiar además en diversas obras de Eugenia Ibarra y Claudia Quirós, a pesar del tono nacionalista especialmente de la última.

Después de una violenta irrupción esclavizadora y de aniquilación, la propiedad comunitaria de la población indígena fue expropiada a través de los siglos, para imponer diversas formas de apropiación burguesa, privada, sobre la cual se alza la gran propiedad burguesa del país, en un proceso que ha durado siglos.

Las poblaciones esclavizadas fueron prácticamente exterminadas. Pero de fragmentos de poblaciones indígenas relativamente libres, como los naboríos, se constituyó al menos una parte de la base material de mestización que produjo a dos clases sociales definidas, una clase campesina y una clase proletaria, la primera de las cuales se consolidó a partir de colonizar nuevas tierras comunales indígenas y que la burguesía convirtió el labriego sencillo mítico sobre el cual ha basado su identidad nacionalista en un proceso que va desde más o menos 1750 hasta finales del siglo XIX, mientras la segunda ha sido la fuente de la riqueza de la burguesía a partir de la explotación permanente de su trabajo y aunque su consolidación definitiva es posterior, la existencia de trabajo asalariado se da por lo menos desde mediados del siglo XVII.

Más significativamente, debido a que hubo rebeliones indígenas, hay zonas donde la expropiación y aniquilación no se llevó adelante totalmente, base histórica material que permite hoy un resurgimiento de procesos de recuperación de la tierra por diversas comunidades indígenas. Más en general, hubo todo un proceso de resistencia material, de enfrentamiento físico permanente contra la ocupación española. Esta resistencia ante la agresión colonizadora ha permitido la supervivencia de formas de familia extendida donde las mujeres todavía juegan un rol significativo y también de propiedad social, que hoy se observan aún, particularmente en sectores proletarios.

Es por lo anterior que el Estado como defensor general de la propiedad burguesa solo hace legal una y otra vez la expropiación forzada de los pueblos indígenas, más allá de que existan actos que buscan engañar a las masas explotadas, como el realizado por el ex presidente Solís, mencionado arriba. Es por esto que del Estado actual no podemos esperar justicia plena para el asesinato de Sergio Rojas.

 

Entonces ¿Quien debe investigar el asesinato de Sergio Rojas?

Cuando Carlos Alvarado sostiene que debe ser el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) y el Organismo de Investigaciones Judiciales (OIJ) quienes lleven adelante la investigación sobre el asesinato político de Sergio Rojas, es claro que buscan diluir las responsabilidades políticas de los gobiernos del PAC, quienes no dieron ninguna medida de seguridad a Sergio. Pero además es ridículo que esperemos justicia para indígenas dada por un Estado cuya herencia racista y colonial es claro. Es equívoco pensar que la burguesía vaya a investigar a fondo a todos los responsables políticos, intelectuales y materiales del asesinato porque eso significaría desnudar pública y oficialmente la manera en que la burguesía ha garantizado su acumulación originaria de propiedad, que supura sangre indígena por sus poros.

En ese sentido también resulta poco convincente la posición de José María Villalta, que ha sostenido que debe ser la Asamblea Legislativa la que lleve adelante la investigación. La Asamblea está llena de representantes políticos de las clases coloniales que acumularon su riqueza a partir de la esclavización, usurpación, asesinato y tributación a que fueron sometidos los pueblos indígenas. De la Legislativa tampoco podemos esperar una investigación plena de los sucedido y menos aún la solución de los problemas de posesión de tierra en Salitre y las demás recuperaciones de tierra, que no sea en el sentido de legalizar la apropiación burguesa, de bendecirla.

En ese marco, desde Organización Socialista le proponemos a las comunidades indígenas, a los sindicatos, a los partidos y grupos de izquierda que conformemos una Comisión de Investigación Especial. Es necesario que dicha comisión tenga acceso pleno a todos los hechos relevantes, por lo que tanto el MSP como el OIJ deberían entregar toda la información relevante sin demora alguna.

No podemos dejar esta investigación en manos de la seguridad del Estado, cuyos integrantes son parte de la insensibilidad racista de que hace alarde el gobierno del PAC y que han sido formados ideologicamente por los relatos de La Nación. Es por ello que dejar la investigación al Estado es renunciar a que haya justicia para Sergio y eso es algo que no podemos permitir.

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