Domingo, 17 de Diciembre de 2017

El gobierno del PAC ataca el salario.

Viernes, 06 Enero 2017 18:15

Lo que hace esta ley no es promover la eficiencia en las instituciones públicas sino conducir a una capa mayoritaria de empleados a la marginalidad laboral mientras otra, más acomodada con mejores conexiones y mayor influencia, miembros del aparato de los partidos burgueses, disfrutarán de los pluses que la propuesta de Piszk viene criticando desde su planteamiento.

Por: Equipo Económico de OS.

Sandra Piszk quien junto con el gobierno atacan a la clase trabajadora. Sandra Piszk quien junto con el gobierno atacan a la clase trabajadora.

El plan de Empleo Público elimina a los trabajadores de una serie de garantías (anualidades, dedicación exclusiva, carrera profesional, entre otras), que hasta el momento se consideraban derechos, para convertirlas en algo así como “incentivos por la excelencia”; sin embargo esos pluses seguirán existiendo de una u otra forma, lo que a la clase trabajadora se le presenta como “abusos del sector público” seguirán presentes pero sólo para algunos empleados: los jerarcas.

Entonces cabe preguntar ¿Si son tan nocivos los pluses salariales porqué mantenerlos para algunos trabajadores que gozan de “excelencia”?, ¿Son objetivos los criterios para decidir a quién se le premia con pluses y a quién se le castiga con la invariabilidad de su salario y el detrimento de su poder adquisitivo?

La verdad es que los criterios defendidos por el gobierno para decidir quién es “bueno” y quién es “excelente” son arbitrarios y además no son uniformes para todas las instituciones.

En primer lugar es necesario separar el objetivo de esta ley de los argumentos que la sostienen. La Ley de Empleo Público, por método, va encaminada al recorte del gasto y no al fomento de la eficiencia dentro de la Administración Pública, por lo que cualquier mención a los incentivos es pura palabrería.

Sería absolutamente irresponsable alegar que un sector que alberga “tanto vicio” como lo vociferan los promotores de esta ley, sea capaz de administrar incentivos para un grupo de funcionarios “honorables”. Lo que hace esta ley no es promover la eficiencia en las instituciones públicas sino conducir a una capa mayoritaria de empleados a la marginalidad laboral mientras otra, más acomodada con mejores conexiones y mayor influencia, miembros del aparato de los partidos burgueses, disfrutarán de los pluses que la propuesta de Piszk viene criticando desde su planteamiento.

No estamos planteando que se recorte por igual a todo el sector público sino todo lo contrario, el recorte y el sistema arbitrario de incentivos conduce a la competencia interna dentro del sector público (más de la que ahora existe), al sabotaje, al acoso laboral, a los favoritismos, a la desorganización sindical y a la desmovilización: todo lo que necesita la burguesía para terminarle de arrancar a la clase trabajadora sus derechos y sumirles en la precariedad laboral.

Estas medidas no conducen al desarrollo económico, al término de la deuda (interna y externa), a la mejora del poder adquisitivo del salario medio, mucho menos al funcionamiento eficiente de las instituciones públicas. Hasta hoy, ninguno de los planteamientos de la burguesía para salir de la crisis fiscal plantea una solución al desajuste sino su paulatina profundización.

En segundo lugar, otra de las características de la Ley 19.506 es que está dirigida a una nueva clase trabajadora que cuente con menos años de laborar en el sector público, la que tiene menos acceso a las altas capas de la burocracia estatal y menos herramientas de organización, todo un rodeo para no perjudicar a los altos funcionarios. Uno de los objetivos que esta ley oculta entre líneas es el desarme progresivo del sector público y sus sindicatos al punto que establece la invalidación de las convenciones colectivas que pierdan vigencia y que no se renegocien en los siguientes 12 meses.

Finalmente se hace más claro lo que venimos señalando con nuestra Propuesta Fiscal: no sirven las medidas de recorte del gasto, nunca ha sacado a nadie de una crisis, lo que se necesita para que Costa Rica salga de una vez por todas de la recurrente crisis financiera es un plan económico encaminado al desarrollo industrial del país, que por medio de la administración de las instituciones por parte de la clase trabajadora (centralmente el ICE, el MOPT, el INAMU, la UCR, el PANI, el MEP, etc.) y de una serie de mejoras en la calidad de vida de la clase trabajadora construya un núcleo de instituciones que sostengan esa nueva industria. Y como ya los altos mandos del estado y la empresa privada han demostrado talento cuando de ineficiencia en la distribución de recursos y la ejecución de proyectos se trata, la única forma de llevar un plan de este tipo adelante será por medio del control que los trabajadores hagan de esas instituciones.

Ya lo mencionamos respecto del ataque al presupuesto del PANI, que en lugar de contención del gasto se trató de una redistribución del mismo para beneficio de los empresarios. Sólo por medio de la organización de los trabajadores de las instituciones públicas será posible un mejoramiento en la ejecución presupuestaria. La eficiencia es un propósito que entiende quien realiza una tarea específica, porque conoce los objetivos y los límites materiales que le plantea la burocracia estatal.

Es absolutamente irracional plantear que un diputado sentado en su curul comprenda mejor el presupuesto necesario para rescatar a un niño de un entorno familiar abusivo que la trabajadora social que lleva el caso, sea esta la mejor funcionaria o la peor sin duda dará cuentas de las necesidades y los recursos con mayor agilidad. Por tanto, ni toda la Asamblea Legislativa poniéndose de acuerdo (como si eso fuera posible) será capaz de presentar una propuesta mejor que la de los trabajadores y las trabajadoras, por los medios que prefieran, si tuvieran el derecho de replantear la organización de la institución en la que laboran.

Desafortunadamente la mayoría de las direcciones sindicales parece encontrarse en estado de shock frente al ataque sostenido del gobierno del PAC e increíblemente siguen depositando confianza en el gobierno más anti trabajador que hemos visto en los últimos años. Esto pone en peligro la organización sindical en todo las instituciones del estado y no creemos exagerar respecto de esto.

Por otro lado nos consta que en los distintos centros de trabajo hay una importante disposición a luchar contra el gobierno por parte de la clase trabajadora.

Desde ese punto de vista nuestra propuesta para todo el movimiento sindical es que como respuesta al gobierno y a los partidos burgueses de la Asamblea Legislativa se de una orientación de lucha para que los trabajadores hagan ocupaciones permanentes de los centros de trabajo. Nuestra propuesta es dejar de escuchar a los jefes y que sean los trabajadores quienes asuman ya la administración en todas las instituciones donde haya peligro de ataque.

La verdad es que el ataque reaccionario del gobierno aclara que la clase trabajadora debe prepararse para gobernar este país o de otra manera la burguesía una y otra vez atacará su nivel de vida. No pretendemos ser panfletarios respecto de esto. Es la realidad. Y la clase trabajadora debe estar a la altura de esta tarea.

Es por esto que además levantamos los siguientes puntos políticos, más generales:

1) Nuestra propuesta radica en la inversión en el desarrollo de las fuerzas productivas de Costa Rica, en la clase trabajadora (del sector público y privado) en primer lugar y en los recursos necesarios para desarrollar una industria que acabe con la dependencia económica frente a los Estados Unidos y otras potencias, que es el origen real de las crisis fiscales.

2) Apostamos a la organización sindical de toda la clase trabajadora para luchar por acceso a la salud y a la educación, que le permita ser más productiva y promover la innovación tecnológica, así como que sea “universal”, o sea sin discriminación por sexo, orientación sexual, procedencia geográfica, entre otras.

3) Se requiere además de que la clase trabajadora esté organizada en dos sentidos: organización sindical y política para defenderse de los ataques y ajustes del Gobierno y los empresarios; y organización para la producción y la distribución de los recursos. Estas cualidades sólo se desarrollan en la práctica del control obrero tanto de las instituciones públicas como de las empresas privadas.

4) En esa misma línea es necesario plantear el derecho de las y los trabajadores a defender su trabajo, y que el Estado lo reconozca destinando capital a aquellos y aquellas que decidan continuar labores en empresas privadas que se retiren del país o que declaren la quiebra. Además de la posibilidad de replantear la organización, funcionamiento, y distribución de los recursos a lo interno de las instituciones públicas.

5) Con respecto a las medidas de corto plazo que contengan el gasto y aumenten la recaudación consideramos de carácter urgente: se le cobren impuestos a las empresas de Zona Franca, y poner un alto al pago de la deuda. No más impuestos que graven el consumo, no más recortes a la clase trabajadora. Que paguen los que han administrado mal, los verdaderos culpables de la crisis fiscal: los empresarios y sus políticos.

A simple vista este es un programa muy complejo, sin embargo constituye la única salida ante el ataque del gobierno, la crisis fiscal y el desarrollo económico del país. Los planes de ajuste de la burguesía han demostrado, uno tras otro, no resultar efectivos más que para sus propios intereses, prueba de ello el recurrente ciclo de desajuste fiscal que viene desde los 80s. Es hora de invertir en la clase trabajadora y depositar en sus manos la tarea de desarrollar este país.

 

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